LA FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

Ante la crisis generalizada en numerosos territorios rurales europeos y, particularizando, en gran parte de la España rural interior, afrontar políticas de desarrollo que ofrezcan niveles de renta y calidad de vida similares a aquéllos que residen en zonas urbanas, manteniendo y mejorando sus recursos ambientales y paisajísticos, articulando políticas de planificación y articulación territorial sostenibles desde el punto de vista ambiental y perdurables en el tiempo, y afirmando el carácter autóctono de estos territorios frente a influencias alóctonas se convierten en los principios que deben sostener toda iniciativa dedicada a estos espacios, cuya perdurabilidad como territorios rurales vivos está seriamente amenazada por diversas cuestiones, tanto de carácter externo como interno.

RECURSOS AMBIENTALES Y TERRITORIO

Los recursos físicos son una constante de todas las políticas de desarrollo rural dado que incorporan todo lo que forma parte del marco ambiental vital de la población de un territorio. Así, el medio ambiente, entendido en su sentido más amplio, se convierte tanto en un producto en la esfera económica como en elemento motriz del desarrollo territorial y, por tanto, en un actor irremplazable en el ‘capital territorial’.

De este modo, valorización y conservación están íntimamente ligadas bajo una perspectiva tanto de competitividad territorial como de sostenibilidad, atendiendo a algunas claves:

a) Una gestión medioambiental, en numerosos casos, obsoleta. El grado de impacto de las actividades humanas y extensión geográfica de las mismas muestra la necesidad de contar con dispositivos de intervención que sobrepasen límites geográficos administrativos, creando procedimientos de concertación, repartiendo responsabilidades y derechos, muy relacionados con instrumentos de planificación territorial que deben ser ágiles para su puesta en práctica.

b) Variación en el concepto de medioambiente desde estadios de “reserva” hacia actitudes de “bien común”, indispensables para el desarrollo de ciertas actividades, como las turísticas, pero también como un factor de calidad de vida que debe conservarse para el bienestar de las poblaciones futuras. Esta segunda clave conlleva un replanteamiento de las modalidades de gestión de los recursos ambientales: la gestión concertada público-privado desempeña un papel esencial; frente al derecho de la propiedad individual se contrapone la responsabilidad del propietario en el uso que hace de la misma; frente al proyecto individual se añade el desarrollo de políticas colectivas que valorizan conjuntamente los recursos naturales y patrimoniales. De ahí que la preocupación por proteger el medioambiente no debe limitarse a las zonas protegidas sino al conjunto de posibilidades que el medio físico ofrece tanto los habitantes del lugar como a potenciales inversores.

c) Creciente papel de los poderes públicos. La responsabilidad de la gestión medioambiental que incumbe a los poderes públicos combinada con principios de ordenación territorial puede permitir un planteamiento más integrado de la gestión pública, allí donde las divergencias institucionales no provoquen la baldía multiplicación de esfuerzos y medidas aisladas, y en consecuencia la multiplicación descoordinada de instrumentos para la gestión del espacio.

d) La relación de identidad. Los valores que comparten los agentes locales, que suelen detectarse en su relación de identidad con el entorno, juegan un papel determinante en el modo de comportamiento y relación con su contexto inmediato. Habitualmente los habitantes de espacios rurales no suelen atribuirle al paisaje, entendido como expresión visual de la interacción de los recursos físicos con la sociedad, el valor socioeconómico para que pueda servir de apoyo a una estrategia de desarrollo local a largo plazo, como habitualmente tampoco consideran que pueda ser portador de oportunidades de negocio. No obstante, estas actitudes están variando sustancialmente.

Los espacios rurales actuales son objeto de amenazas que afectan al conjunto de la sociedad. Por tanto, los espacios/paisajes rurales tienen un carácter marcadamente colectivo y social (el valor del paisaje como patrimonio cultural, histórico, como indicador de calidad ambiental, como recurso económico…) que supera los límites del territorio y el análisis funcional de los mismos debe proveer de un planteamiento integrado en la planificación territorial rural. Dicho de otra manera: “…no hay tratamiento posible de los valores paisajísticos que no pase por la gestión del territorio. No se trata tanto de preservar el paisaje como de defender los valores paisajísticos” (O. Nel lo, 2004).

Así, la gestión del paisaje, la de los valores físicos/ambientales del espacio, debe asociarse de forma íntima con una gestión del territorio que se preocupe de asegurar su sostenibilidad ambiental, su eficacia funcional (complejidad de usos) y su cohesión social (lucha contra la segregación social).

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN TERRITORIAL/MEDIOAMBIENTAL

La relación entre patrimonio natural y ordenación territorial plantea algunas cuestiones importantes de naturaleza teórica. Habitualmente son los profesionales del urbanismo, fundamentalmente arquitectos e ingenieros, los que abordan y dirigen la redacción de herramientas de gestión territorial. Aun cuando es una realidad la progresiva disolución de los límites entre campo y ciudad en nuestros días, numerosos ejemplos muestran como el punto de vista del diseñador urbano considera el territorio un simple soporte donde apoyar una propuesta figurativa que debe materializar tanto la vocación del lugar como las posibilidades que el mismo ofrece, convirtiendo erróneamente prácticas de ordenación urbana en propuestas de planificación territorial, sin reconocer el espacio como un componente específico de dicha ordenación.

Esta cuestión de naturaleza teórica da paso a reclamar para los espacios y recursos naturales una función de primer orden en la formulación de las estrategias de desarrollo en las áreas rurales, una valoración y tratamiento de la base natural que estructure el territorio y los recursos que alberga. Por tanto, vincular territorio y desarrollo supone el reto prioritario de gestionar el espacio en sí, de reconocer al propio territorio como un activo natural de primer orden.

El desconocimiento u olvido de esta premisa refuerza determinadas cuestiones/problemas que se detectan en el medio rural:

a) Avance de los procesos de urbanización en las áreas rurales, impulsado por formas de periurbanización y urbanización difusa (algunos autores cifran en 20.000 has/año para el conjunto estatal), incremento de la movilidad y de las interdependencias territoriales, y por la creciente demanda de espacios para actividades de tiempo libre y turismo, que conduce a una ocupación estacional cada vez más creciente del medio rural y generadora de flujos económicos más que demográficos.

b) Expansión de los espacios naturales/rurales con algún grado de protección medioambiental, urbana, etc., sin contar en numerosas ocasiones con las oportunas herramientas para su gestión efectiva, o bien con planes de ordenación/conservación de recursos naturales de difícil arraigo en la población local dado su carácter meramente limitante de usos.

c) Existencia de territorios extensos y poco densos en gran parte del interior del estado español.

d) Estancamiento, cuando no declive, generalizado de la población e índices demográficos que reflejan estados de dependencia funcional respecto a núcleos receptores de servicios de primera instancia.

e) Incremento del proceso de terciarización de las actividades económicas y empleo, abandonando actividades agrarias, lo que redunda en un progresivo cambio en los paisajes rurales tradicionales y en una mayor dependencia de las aglomeraciones urbanas.

La solución de estos hechos no debe atender a una visión o estrategia unidireccional. Se indican a continuación algunas de las alternativas que se presentan desde la óptica de la ordenación territorial y del medio ambiente:

a) Ordenación territorial.

  Consideración de las prácticas de ordenación territorial, en general las de planificación espacial, como un objetivo marco del desarrollo, en especial de áreas rurales.

  Superación del marco municipal como ámbito en la toma de decisiones de la vida administrativa rural, mediante el desarrollo de la Ley de Régimen Local (mancomunidades), políticas autonómicas de comarcalización, u otras que puedan aparecer de la propia sociedad civil de los municipios rurales.

  Reestructuración funcional del poblamiento para conseguir una distribución jerarquizada de los servicios actual.

  Hacer frente a una mayor articulación de los territorios rurales mediante la coordinación de todas las administraciones y el impulso a nuevas figuras administrativas de carácter supramunicipal.

  Asumir la escala intermedia del territorio como estrategia territorial en un proyecto político-administrativo a largo plazo.

  Fomento de una reestructuración de la acción de la administración en estas áreas supramunicipales: acción básica de la admi

nistración en las comarcas —educación, salud, etc.— y potencial asociativo de los municipios para prestar servicios —mancomunidades— o para fomentar el desarrollo.

• En cuanto a la ordenación territorial dedicada al medio ambiente, los criterios y objetivos más relevantes deberían contribuir al desarrollo rural mediante un adecuado ordenamiento de los recursos naturales, fomentar la participación real de la población (especialmente la residente), garantizar para cada territorio la conservación de sus valores ecológicos-paisajísticos-culturales, recuperar los procesos degradados y establecer líneas de acción para la puesta en valor de recursos naturales insuficientemente aprovechados.

b) Medio ambiente.

  Coordinación y coherencia de las diferentes políticas que convergen en este asunto y redistribución de las estancas competencias que impiden en ocasiones una gestión integrada de los recursos naturales de numerosos territorios.

  Aplicación plena de los principios de sostenibilidad en la formulación de los modelos territoriales de aprovechamiento de los espacios naturales.

  Elaboración de procedimientos legales que permitan integrar con carácter normativo las políticas de ordenación del territorio y de espacios naturales.

  Orientación de las posibilidades que las herramientas de planificación espacial ofrecen hacia un enfoque que base su desarrollo en la consideración de los espacios naturales y libres, protegidos normativamente o no y entendidos en su sentido más amplio, como base para la correcta vertebración del territorio.

  Incorporar la ordenación urbanística de los suelos no urbanizables en las herramientas de planificación territorial y a escalas de trabajo adecuadas.

  Desarrollo de las potencialidades de los planes de ordenación de los recursos naturales y otras figuras de protección ambiental de carácter territorial como instrumentos de ordenación del terri

torio, y no únicamente como medidas limitantes o restrictivas, en la mayoría de los casos sin contar para la redacción de los mismos con la participación de las poblaciones residentes.

• Inclusión de los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha real de políticas de protección de espacios naturales/libres en territorios rurales.

TERRITORIO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Numerosos foros muestran la preocupación por concertar un mantenimiento de los valores territoriales naturales con la progresiva demanda de espacios y servicios turísticos que la sociedad actual demanda:

  Hace ya 18 años, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible elaboró un informe para la Asamblea General de las Naciones Unidas titulado Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, en el que se definió el concepto de desarrollo sostenible, que adquiere carácter institucional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro.

 Tras estos se han extendido progresivamente planteamientos basados en el desarrollo sostenible de múltiples prácticas, entre otras las turísticas. El concepto de turismo sostenible surge tras la constatación que la masificación de determinados destinos turísticos produce efectos negativos en su entorno inmediato, que le ocasionan una pérdida de su atractivo y competitividad.

  Así, la OMT (Organización Mundial del Turismo) considera el desarrollo turístico sostenible como aquél que satisface las necesidades de los turistas y residentes, protegiendo las oportunidades para el futuro, exigiendo por tanto una gestión integrada de todos los recursos. Para la misma organización, productos turísticos sostenibles son aquellos ofrecidos en armonía con el medio ambiente, comunidad y cultura locales, de forma que éstos se convierten en los beneficiarios permanentes y no en las víctimas del desarrollo turístico.

En cualquier caso, la complejidad del concepto y la dificultad de hacerlo operativo, aconsejan identificar un conjunto de principios que deben guiar los esfuerzos orientados hacia la sostenibilidad:

  El turismo sostenible debe entenderse como un turismo duradero.

  Para que un territorio pueda conseguir un turismo sostenible todos los agentes deben manifestar un comportamiento sostenible.

  La magnitud y el tipo de desarrollo turístico debe adecuarse en cada territorio de acuerdo con sus propias características naturales y sociales, y el papel que el sector turístico y resto de sectores económicos desarrollan.

  El desarrollo turístico debe ser planificado y gestionado. La adecuada ordenación de los recursos territoriales requiere la planificación del espacio y la determinación de la compatibilidad de los usos con el aprovechamiento racional de los recursos.

  Los valores naturales del espacio turístico debe, al menos, conservarse para su uso continuo en el futuro, además de aportar beneficios a la sociedad en el presente.

  La dotación de equipamientos, infraestructuras y servicios constituye cuestiones clave que distinguen territorios, lo que exige a la Administración cubrir los déficit que aparezcan, debiendo contribuir los agentes turísticos privados a dichos gastos.

  La técnicas de marketing que atiende a las cuestiones ambientales/ecológicas presenta actualmente beneficios para la oferta dado que atrae a una demanda con poder adquisitivo más elevado y respetuosa con el medio ambiente.

  Los beneficios de las actividades turísticas deben extenderse sobre el territorio donde se integra.

En el marco de la Agenda 21, la OMT, el Consejo Mundial de los Viajes y del Turismo, y el Consejo de la Tierra, prepararon una específica para el sector de los viajes y del turismo, que recomienda a los gobiernos, las administraciones turísticas y las organizaciones comerciales representativas, el establecimiento de sistemas y procedimientos para incorporar las consideraciones del desarrollo sostenible en el proceso de toma de decisiones y para identificar las actuaciones necesarias para promover un turismo sostenible.

Las recomendaciones se centran en las siguientes áreas de actuación:

  la evaluación de la capacidad del marco económico, regulador y voluntario existente para promover un turismo sostenible.

  La evaluación de las implicaciones económicas, sociales y culturales de las operaciones de la organización.

  La formación, educación y concienciación pública.

  La planificación para el desarrollo turístico sostenible.

  El intercambio de información, habilidades y tecnologías relacionadas con el turismo sostenible entre los países desarrollados y en vías de desarrollo.

  La participación de todos los sectores de la sociedad.

  El diseño de nuevos productos turísticos considerando los principios del desarrollo sostenible.

  La medición y evaluación del progreso en la consecución del desarrollo sostenible.

 La potenciación de las asociaciones para el desarrollo sostenible.

En conclusión, los espacios naturales sitos en territorios rurales deben aunar en su gestión la preservación de sus valores naturales y culturales con su aprovechamiento ordenado y sostenible. Estas cuestiones deben emprenderse desde la puesta en marcha de una planificación adecuada, ágil, coherente y práctica, pegada a la realidad, implicando a los actores locales, tanto públicos como privados, abriendo el abanico de opiniones a la sociedad civil.

Las herramientas que la planificación espacial ofrecen deben servir como piedras angulares sobre las que desarrollar un aprovechamiento sostenible ambientalmente y perdurable en el tiempo de los recursos naturales y culturales para el desarrollo de todo tipo de actividades. De éstas, las actividades turísticas deben ejercer su papel de liderazgo en numerosos territorios rurales, progresivamente más polarizados hacia una terciarización de su tejido productivo.